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Pidieron 25 años de prisión para el cura Justo Ilarraz por abuso de menores
11/05/2018 | Los fiscales Francisco Ramírez Montrull y Álvaro Piérola pidieron 25 años de prisión para el cura Justo José Ilarraz. Asimismo, reclamaron que se dicte la prisión preventiva por existir real peligro de fuga.


"Recién ayer fijó un domicilio", contó Piérola a la salida del primer alegato. Tras el Ministerio Público Fiscal (MPF), las querellas representadas por Marcos Rodríguez Allende y Walter Rolandelli; Santiago y Victoria Halle y Lucio Amavet se plegaron al requerimiento inicial. En tanto, Milton Urrutia y Alejandra Pérez también solicitaron 25 años de prisión pero se diferenciaron en la prisión preventiva: consideraron que se efectivice sólo si la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resuelve que los delitos no están prescriptos. A su turno, el defensor Jorge Muñoz reclamó el sobreseimiento de su cliente. El cura permaneció por más de seis horas en la sala de audiencias, escuchando las conclusiones de las partes sobre la causa. El veredicto se conocerá el 21 de mayo al mediodía.

La acusación pública y dos privadas pidieron que Ilarraz sea condenado a 25 años de prisión por el delito de Promoción a la corrupción agravada de menores en concurso real -siete hechos-; y que se dicte la prisión preventiva en caso de resultar condenatoria la sentencia. Así quedó manifestado de parte del Ministerio Público Fiscal y las querellas que representan Marcos Rodríguez Allende; Santiago y Victoria Halle y Lucio Amavet.

Por su parte, el alegato de Milton Urrutia y Alejandra Pérez, quienes representan a una de las siete víctimas del cura Ilarraz, coincidió con las partes precedentes en el monto de la pena requerida pero se diferenció en dos puntos centrales: la prisión preventiva -consideran que debe efectivizarse sólo si el máximo órgano judicial del país, resuelve en contra del recurso interpuesto por la defensa de Ilarraz para que se declare la prescripción de los delitos-; y el aspecto del encubrimiento. Urrutia y su socia entendieron que las autoridades eclesiásticas hicieron lo que debieron en cuanto a los abusos de menores.

En contraposición, la defensa del cura Ilarraz, representada por Jorge Muñoz, alegó sobre la inocencia y reclamó el sobreseimiento. "Negó los hechos, cuestionó algunas declaraciones testimoniales, las declaraciones de las víctimas y pidió el sobreseimiento de su defendido", resumió el fiscal Ramírez Montrull. El cura imputado también se tomó un momento al finalizar la jornada para pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto. Este jueves volvió a decir a los jueces que es inocente.

Desde ahora, los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel se tomarán hasta el 21 de mayo para dar a conocer la parte resolutiva de la causa. La cita es para el mediodía. Luego volverá a correr un plazo para presentar las apelaciones.

 

"Creemos que existe real peligro de fuga"

Los fiscales Ramírez Montrull y Piérola, charlaron con la prensa luego de que estuvieran unas tres horas alegando en la sala de audiencias este jueves. "Realizamos los alegatos formales y se habló de cómo entendimos que se probaron los hechos, detallando cada una de las situaciones vividas por las víctimas y mencionando cada una de las pruebas obrante en las mismas. También se habló de la calificación legal y de la pena solicitada por la Fiscalía respecto de Ilarraz", explicó Ramírez Montrull.

"Atribuimos responsabilidad a Ilarraz por siete hechos que son las víctimas denunciantes y hemos solicitado 25 años de prisión de cumplimiento efectivo para Ilarraz, porque entendimos, razonamos y brindamos elementos al tribunal de por qué esa es una pena justa, de todas las agravantes que existen en este caso concreto y que tienen que ver con su posición de especial, de sacerdote, que tienen que ver con el ámbito en el que ocurrieron los hechos, que tienen que ver con cómo a él se le garantizó la impunidad durante tanto tiempo, con cierta protección, que no permitió que estos hechos se diluciden antes y se tramiten en la justicia antes y no después de 30 años. Entendemos que es la pena justa y por eso también solicitamos la prisión preventiva de Ilarraz, porque tiene sobrados elementos o argumentos para fugarse por lo que implica su capacidad económica, arraigo dudoso, por estar en Tucumán y acá durante todo el juicio sin saber cuál es el domicilio, porque recién ayer constituyó un domicilio. Todos esos elementos nos permitieron llegar a estas conclusiones", manifestó luego Piérola.

La calificación legal específica que se le achacó al cura es Promoción a la corrupción agravada -por el carácter de educador- de menores en concurso real -siete hechos-. "Lo que se pudo hacer es un racconto rápido y conciso de toda la prueba obrante en la investigación. Se evaluó y valoró de forma tal que consideramos que están los elementos necesarios para fundar la sentencia condenatoria", acotó Ramírez Montrull.

"Ayer declaró Ilarraz y manifestó su posición respecto de las acusaciones. Nada nuevo para nosotros. Entendemos que como defensa es absolutamente inconsistente", cerró Piérola.

 

El caso

Ilarraz fue prefecto de Disciplina en el Seminario Menor de Paraná. Se le endilga haber corrompido a menores de edad entre 1985 y 1993, mientras fue acompañante y guía espiritual de los niños y tiernos adolescentes que entraban al Seminario con la ilusión de dedicarse al sacerdocio.

Por aquellos años, el arzobispo era el actual cardenal Estanislao Esteban Karlic, quien al conocer algunos casos ordenó un sumario interno que concretó el abogado y sacerdote Silvio Fariña. En ese documento se tomó declaración a cuatro víctimas de Ilarraz. La investigación se desarrolló entre 1994 y 1995 y concluyó con una sanción para el cura.

Ilarraz tuvo que irse de la Diócesis bajo promesa de no regresar. Viajó a Roma, donde hizo una Licenciatura en Misionología y se recibió con una tesis sobre el futuro y los niños. Fue en aquel país donde mantuvo varios encuentros con Karlic que lo puso al tanto de cómo iba la investigación sobre su conducta con los menores en Paraná. Fue allí donde también se sometió a pericias psicológicas y escribió una carta pidiendo perdón por un accionar que calificó de imprudente.

En el clero local, el caso de mantuvo bajo siete llaves. Varios de los jóvenes afectados por los abusos se apartaron del sacerdocio o incluso se fueron de Paraná. La causa se mantuvo oculta y las personas afectadas silenciadas. Eso fue como una olla a presión, porque el daño producido había sido demasiado grave.

En 2010, unos diez meses antes de que Mario Maulión deje la Jefatura de la Iglesia local, un grupo de sacerdotes decidió alertar al entonces obispo sobre los abusos de Ilarraz, entre otros casos. Lo hicieron luego de una reunión del Decanato III, de la cual salió una extensa carta que fue enviada a Maulión.

Poco después llegó Juan Alberto Puiggari y se puso al frente de la Diócesis de Paraná. El actual obispo había sido prefecto de Disciplina del Seminario Mayor, cuando Ilarraz era guía espiritual de los estudiantes más pequeños del seminario. Sin embargo, el grave caso del padre Justo siguió bajo estricto resguardo.

Después de una larga estancia en Europa y algunos años alejado del sacerdocio, Ilarraz decidió retomar sus votos pastorales y se instaló en Tucumán. Allí fue párroco en la localidad de Monteros, donde desarrolló la actividad habitual de un cura. Dio misas, hizo trabajo social y estuvo en contacto con niños.

En septiembre de 2012, la revista ANÁLISIS de Paraná, a través de una investigación de Daniel Enz, puso a consideración de la opinión pública el caso Ilarraz. La edición periodística generó un cimbronazo en la sociedad y tuvo una repercusión internacional. Se abrió entonces una causa de oficio, por orden del procurador General Jorge García.

La investigación judicial llevó casi seis años y uno de los puntos fuertes de la discusión entre las partes fue la prescripción de los delitos endilgados. Tanto es así, que actualmente la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolución el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Ilarraz.

Mientras tanto, el expediente llegó a juicio oral. El debate comenzó el 16 de abril de este año y se extendió por casi cuatro semanas. Frente a los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel pasaron más de 70 testigos, entre ellos las siete víctimas denunciantes y tres autoridades de la Iglesia Católica. Estos últimos declararon por escrito, tal como lo habían hecho durante la instrucción de la causa: Karlic, Puiggari y el obispo de Concepción -Tucumán-, José María Rossi.

Finalmente, el veredicto sobre la causa se conocerá el próximo 21 de mayo al mediodía.

 

Fuente: Análisis Digital
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Fecha: 15.08.2018
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